Nelly Orozco escribe derechos de petición para la gente que le paga. Así subsiste con su hija, a 13 años del asesinato de su esposo. Aprovecha a diario sus conocimientos en jurisprudencia y redacción, herencia de los cinco semestres de derecho que estudió, para ayudarle al necesitado de turno a cambio de unos pesos. Pero lo que ella misma pide, aún no lo consigue.

Hay que subir 15 peldaños apretados de una caracola de óxido, bajo una hamaca de cables, para llegar a su casa, un apartamento con dos cuartos y una sala, tan pequeña, que al mismo tiempo es cocina. Una especie de nido hirviente en un risco, donde protege y prepara a su hija para el día en que le toque desplegar las alas. Está en lo alto del Paraíso. Así se llama un negocio que fundó Nelson Alarcón en esta esquina de Villa Katanga, en Soledad. Un paisa barrigón, descamisado y desvergonzado, que suelta una carcajada perversa al explicar por qué hay dos nombres pintados en la fachada. La tienda cambia de cara todas las noches. Cuando llega la oscuridad, se convierte en el estanco Kábala.

La razón social nocturna es, tal vez, más cercana a la naturaleza del barrio. Es una de las 51 ‘villas’ que forman la periferia de este municipio, conexo a Barranquilla. Paquetes de casas apiñadas en trochas arenosas, a las orillas de arroyos. Terrenos donde murieron asesinadas 29 personas en 2013, según la Policía. Este año ya van 19.

La mayoría de los pobladores son desplazados, que durante las cinco décadas del conflicto colombiano han venido llegando, desde distintos lugares, huyendo de una violencia para toparse con otra. Una de ellas es Nelly. Llegó del barrio La Victoria en 2001, con un bebé de 4 años en brazos, cuando las balas destruyeron el hogar que llevaba 9 años construyendo con Nefatlí Romero Gutiérrez. Ni ella ni muchos más se deben sentir en un paraíso en Katanga. Más bien, viven conjeturando sobre su futuro, sobre cómo harán para conseguir plata para la comida y los buses del día siguiente. Como vive Nelly.

El hombre que amó es una de las 23.161 víctimas de asesinatos selectivos por causa del conflicto. Una de las 8.903 atribuidas a los paramilitares, según estadísticas que corresponden a los registros entre 1981 y 2012. Ella, bañada en sudor y con unos ojos que parecen a punto de estallar, dice que no la querían dejar entrar al foro de víctimas que la ONU realizó el 18 de junio en Barranquilla; encuentros que viene efectuando en toda Colombia, de cara al inicio de la negociación de ese punto entre el Gobierno y las Farc en los diálogos en La Habana. Le dijeron que no estaba invitada. Nelly se yergue en el borde de la mecedora en la que se sienta en esta mañana de domingo, para decir lo que les respondió: “Es que a mí nunca me invitaron a que fuera víctima. ¡A mí me eligieron descabelladamente y me hicieron víctima!”.

La noticia de la muerte de Neftalí la conoció “de la forma más miserable”. Nadie la llamó, nadie la avisó. La vio en el noticiero del mediodía de ese sábado, en el que perdió la tranquilidad. Hoy su hija sueña con ser periodista. Tiene 17 años. Y ella, con 45, solo sueña que Michelle sí alcance el diploma de profesional que les fue esquivo a sus padres.

Neftalí había denunciado irregularidades de un director del extinto DAS, por los que venía recibiendo amenazas desde 1997, lo que coincidió con el embarazo de ella. Ejercía como abogado litigante. Nelly relata que “se recibía” como profesional de la Universidad Simón Bolívar en junio de 2001. Un mes antes, lo mataron. En mayo de ese año viajó a Bogotá, a pedir más protección para salir del país. El viernes 11 regresó a Barranquilla, a las 12 de la noche. A las 9 de la mañana del día siguiente, ocho hombres en dos motos y una camioneta lo estaban esperando, en el taller al que había mandado a reparar el auto que le asignó el estado, tras ganar una tutela. Era de marca “Mazda-ñado”, recuerda Nelly. Lo acribillaron junto a su escolta.

Tras el homicidio, ella se vio obligada a dejar la universidad. “Debí elegir entre: alimento a mi hija o me voy a estudiar. Imagino que ya sabes la respuesta”.

Desde entonces, su vida no tiene otro sentido que garantizarle la educación superior a Michelle, para que se levante de las cenizas del hogar que incendiaron los fusiles.

El 17 de febrero de este año, Carlos Romero Cuartas confesó haber asesinado a su esposo. Su muerte fue reconocida por el Bloque 40 de las AUC, según consta en un documento de la Fiscalía. En un fallo, el Tribunal Superior señala como culpables directos al DAS y al Ministerio del Interior. “No lo protegieron”. Nelly lo guarda en una bolsa de plástico en la que se lee, ya casi desvanecida, la palabra “jurídico”. Es uno entre un ramillete de recortes de prensa, derechos de petición y muchas cartas a distintos estamentos. Las únicas herramientas para la misión que se ha trazado: “Si mañana yo salgo de este mundo, la única manera de irme tranquila es dejándola a ella como profesional. Que ya pueda sostenerse y sostener su futura familia”.

De lunes a sábado, Nelly se despierta a las 4 de la mañana para alistar todo para la salida de su hija. Le prepara jugo de mango en una licuadora que tiene el motor desnudo, como el ventilador, cuyas aspas carcomidas giran al aire. En la puerta de la nevera amarillenta vuelan tres hadas-imanes, amarillentas también. A las 5:30 a.m. sale a acompañarla a tomar el transporte rumbo a la universidad. ¿Cómo pagó el semestre, si por hacer un derecho de petición le dan unos $10.000; y por las diligencias que les hace a personas ocupadas, le dan menos? “Hice una teletón con los amigos de mi esposo”. Nelly no responde con orgullo, al contrario. Y contrapregunta: “¿Era necesario que tuviera que mendigar una entrada a la universidad, cuando de entrada a ella se la tenía que dar el Estado?”.

Viuda y huérfana deben caminar juntas seis cuadras hasta la calle Murillo, cuando el sol todavía no ha salido. En esa misma calle, con la carrera 21, quedó tendido el cuerpo del esposo y padre. “Cuando regreso, voy pensando cómo voy a solucionar el día de hoy”. Dice que debe tener “mínimo” $15.000 diarios. Su idea más recurrente durante el día es “¿dónde las voy a conseguir, qué debo hacer, qué puertas toco?”. Esas preguntas la atacan mientras pasa por un solar, que le sirve de cementerio a tres carros viejos. Es todo el parque que tuvo Michelle en su niñez, rodeado de una cerca de neumáticos enterrados hasta la mitad.

La joven está ahora peinándose al fondo de la casa. Es morena, pelinegra, como su madre. Pero dos mechones azules enmarcan sus mejillas, en un rostro de fácil sonrisa. Su mamá habla ahora con un tono socarrón, resignado ante la grandilocuencia de las mentiras que les ha tocado padecer. “¿Qué pasa con esos supuestos derechos? Dentro de esos derechos tenemos derecho a vivienda, a educación, a salud, a que no se vuelva a cometer el hecho”. Un tono como de anunciante de circo, como quien lee payasadas.

Calla un rato. Vuelve con una voz mucho más dura y papeles en mano. Alista una tutela para “exigirle al estado el sostenimiento de Michelle en la universidad y que pueda seguir sin necesidad de concursar”. La Defensoría del Pueblo le ha dicho que este año no hay presupuesto para estudio de las víctimas. Y que si quiere acceder a un cupo, tendrá que esperar y concursar como todos los demás. Los ojos parecen a punto de derramarse. “La única forma de que los jóvenes no regresen a un conflicto armado es que se preparen, que tengan su sitio en una universidad. Son más vulnerables los jóvenes como mi hija, que está desde los 4 años llevando en la espalda el nombre de víctima —grita Nelly, ya totalmente descompuesta— ¡Que le fue arrancado su padre y no tiene su protección!”.

Resulta obvio que no le despertó mucha esperanza que el presidente Santos haya anunciado que uno de los pilares de su nuevo gobierno será la educación. El Gobierno ya le falló antes. La Iliada, La Cárcel del Poder, A Sangre Fría y Diccionario de los Sueños son algunos de los libros en un estante al lado de la mecedora. “Yo me pregunto, ¿realmente el Estado si está preparado para la paz? ¿Si no me ha podido cumplir a mí, como víctima de las AUC, si podrá cumplir cuando estemos las de las Farc, del ELN, todas reunidas? ¿Si podrá abarcar esa coyuntura de cumplimiento?”. Imagino que saben la respuesta.

Nelly acomoda en silencio un portarretratos en la pared. Este apartamento es de una hermana, como los muebles, la nevera y el comedor. Lo habita a cambio de mantenerlo pintado y cuidado. Admite estar “fallando en la pintada”. Gasta unos 120 mil pesos en servicios cada mes. No hay cielo raso. Cables cuelgan de un techo de láminas de zinc que, con el sol, convierten el lugar en un pequeño horno gris. Un nido de aire denso.

Lo único suyo aquí es la ropa y dos retratos. Están colgados uno frente al otro. En uno grande está Michelle. Viste un sombrero color blanco paz. Sonriente, da la impresión de mirar fijamente a su padre, un bigotón que aparece en la otra foto dando un discurso hace años, en favor de una paz que entonces parecía más lejana.

Abajo, se lee una dedicatoria escrita a mano, de ella para él. Concentra toda la petición y todo el derecho por el que luchan las dos, su mamá al frente, y ella, caminando de su mano: “Nunca pongas en duda que un pequeño grupo de ciudadanos preocupados y comprometidos puede cambiar el mundo; de hecho, son los únicos que lo han cambiado siempre”.

El hecho. Asesinatos selectivos

De acuerdo con el Centro de Memoria Histórica, los asesinatos selectivos son uno de los hechos victimizantes que más afectados ha dejado durante el conflicto interno, y “configuran una violencia de alta frecuencia y de baja intensidad”. La entidad considera que estos son actos de expresión de una estrategia criminal para enmascarar la violencia contra los civiles. En Colombia, entre 1981 y 2012 han fallecido 23.161 personas por este tipo de delito, de un total de 16.340 casos. La mayor responsabilidad la han tenido los paramilitares (8.903 hechos), seguido de grupos armados no identificados (5.406), guerrillas (3.899) y la fuerza pública (2.399).

Por Iván Bernal Marín

Publicado originalmente el 13 de agosto en el diario El Heraldo.
http://www.elheraldo.co/local/mi-hija-carga-desde-los-4-anos-el-nombre-de-victima-nelly-orozco-162657

Parte de la serie ‘Por la Reconciliación’, galardonada con el Premio Semana-Argos al mejor cubrimiento de un proceso de reconciliación y paz.
Abajo, las cinco crónicas que también formaron parte de este trabajo colectivo, con sus respectivos autores:

«Por buscar verdad y justicia estoy presa en mi casa», Martha Díaz

Martha abre la puerta de su casa a las 6 de la mañana y siente que su hijo Douglas va a entrar en cualquier momento, como hizo tantas veces. La acompaña un retrato de un jovencito vestido con toga y birrete blancos. Un símbolo de la inocencia que perdió, cuando comenzó a fumar patraciado y terminó asesinado por el Ejército.

Douglas hace parte de las cerca de 1.211 personas que han muerto en Colombia por ejecuciones extrajudiciales, entre 2002 y 2010, según el Cinep. Esas que luego pasaron a conocerse como los ‘falsos positivos’.

Martha Helena Díaz Ospina es una mujer recia, que dice lo que piensa y no se queda con nada. Llegó a Barranquilla desde Medellín a los 12 años y aún conserva algo de ese tono de voz característico de los antioqueños. En el caminar se percibe la energía de quienes no cejan en su empeño hasta conseguir lo que quieren. Eso fue precisamente lo que le ayudó a recuperar el cuerpo de Douglas.

“A mi hijo se lo llevaron un martes 28 de marzo de 2006”, cuenta Martha, sentada en la terraza de su casa. Está a un costado del cementerio Universal, sobre la carrera 37, en Barranquilla. Los rayos de sol alcanzan a colarse entre las ramas de un almendro y endurecen su rostro, que contrasta con su voz quebrada.

Douglas jugaba fútbol con varios muchachos del barrio Chiquinquirá, en el Suroriente de la ciudad, a una cuadra de esta misma casa. Eran las 11 a.m. cuando unos hombres, entre ellos un desmovilizado de las Farc, llegaron a ofrecerles trabajo. “Varios chicos dijeron que no, pero mi hijo aceptó”, asegura Martha. Dos jóvenes indigentes también se fueron con ellos.

“Viajaron a Valledupar, supuestamente para darles un empleo de recolectores de algodón. Él me llamó el jueves 30 y hablamos un rato — relata Martha, mientras baja la mirada — Me dijo que estaba bien y que iban a venir unas personas a la casa para buscar una copia de su cédula (de Douglas). Cuando le pregunté quiénes, la llamada se cortó. Desde ahí no volví a saber más de él”. Sigue pensativa, quizá tratando de entender por qué su hijo fue a parar a la capital del departamento del Cesar.

Pasaron seis meses desde ese último contacto. Martha recuerda esos días con tristeza. Fija su vista en el lugar donde Douglas solía sentarse en las noches a fumar droga. Desde la ventana de su casa ella podía observarlo y se sentía tranquila, a pesar de saber el daño que se causaba a sí mismo.

“Él era un chico enfermo y la droga lo mantenía tranquilo”. Mantiene vivo el recuerdo de verlo arreglarse y salir a las 7 de la noche, para solo regresar hasta las 6 de la mañana. “Cada día le daba dinero para que comprara su vicio. Así evitaba que tuviera que robar y que la Policía me lo matara. Por eso es que me duele que el Ejército lo hiciera”. Cruza los brazos en una postura defensiva, como para evitar que su comportamiento sea juzgado.

Al llegar a Valledupar empezó a buscar a Douglas por cada sitio que se le ocurrió. Fue a Medicina Legal, a los parques, rastreó las calles y se acercaba a cada indigente con la esperanza de que fuera su hijo. Durante un tiempo continuó, sin resultados. Ahí comenzó una travesía que la llevó a entrevistarse “con altos mandos de la guerrilla, pero me dijeron que mi hijo no estaba entre sus filas”. Después hizo contactos con las Águilas Negras, “pero ellos no lo tenían”. Finalmente “fui a Amalfi, Antioquia, donde los ‘paras’. Mi hijo no estaba con ellos, aunque mencionaron que lo había matado el Ejército”.

Bajo el calor de esta tarde de agosto, recuerda cómo de regreso en Valledupar un señor le recomendó “cotejar las huellas de Douglas con las de los muertos en combate en ese sector”. Así fue como se enteró de que lo habían hecho pasar por guerrillero del frente 59 de las Farc, y “dado de baja” en Guamachal, corregimiento del municipio San Juan del Cesar, en La Guajira, el domingo 2 de abril de 2006, seis días después de haberse ido de su casa. “Ahí empezó la tortura y mi calvario. La vida se me transformó totalmente”, admite Martha.

A través de tutelas y mediante una tediosa exhumación de cadáveres en el cementerio de San Juan del Cesar pudo recuperar el cuerpo de su hijo el 8 junio de 2008 y enterrarlo, “con desconfianza”, en la iglesia San Judas Tadeo, con sede en la calle 85 con Vía 40. Para Martha “son tantas las mentiras que me ha dicho el Estado que no sé si creer que ese sea mi hijo”, a pesar de las 59 pruebas de ADN que se practicaron a varios despojos para identificarlo.

Ya había recuperado a su hijo pero aún le faltaba la verdad de lo sucedido ese 2 de abril. Por eso no se detuvo en su empeño por saber “cómo un joven de 27 años, al que no le faltaba nada en la casa, apareció muerto a 376 kilómetros de donde jugaba fútbol, con un fusil AK-47, forrado en municiones, vestido de militar y con un cuchillo al cinto”.

Martha tiene los ojos enrojecidos, inyectados de la misma ira mezclada con impotencia que sintió al enterarse de esa historia. Esa misma rabia fue la que la motivó a realizar una cruzada ante la justicia para obtener la condena de los hombres que ordenaron el homicidio de su hijo, y el de los indigentes que salieron con él de Barranquilla y el desmovilizado de las Farc que los había incitado a irse.

El cuerpo de Douglas fue hallado caído de bruces en el río Guamachal. Tenía siete impactos de bala en el brazo derecho, como si hubiera intentado defenderse, y un tiro de gracia en el hueso temporal izquierdo del cráneo. “Según un forense, murió desangrado. Estoy segura de que mi hijo tuvo que decirles que ‘cuando mi mamá se entere, esto no va a quedar así’. Aquí le estoy cumpliendo”, dice Martha. Un orgullo contenido se instala en sus ojos y dibuja una media sonrisa.

Hasta el momento hay nueve personas sentenciadas por su ejecución extrajudicial, entre ellas el mayor Julio César Parga Rivas, quien ordenó el ataque. “Parga Rivas fue condenado a 30 años de prisión por 60 casos de falsos positivos y espera sanciones por otros 76. Pero aún me falta ver a Álvaro Uribe Vélez pagando por estos crímenes. Su política de Estado fue lo que mató a mi hijo”, afirma Martha con el rostro ensombrecido de repente y las manos crispadas.

Para evitar que esos crímenes queden impunes creó la Asociación de Madres Unidas por un Solo Dolor, Afusodo, donde brindan asesorías y acompañamiento judicial a personas víctimas de desplazamiento forzado y de falsos positivos.

Esa es su vida ahora. Todo el día se mantiene ocupada en diligencias de una oficina a otra, y solo llega a casa a dormir, para no encontrarse con el dolor que le causa saber que Douglas no estará esperándola, listo para salir a fumarse la vida; “así por lo menos estaría vivo”, argumenta, con lágrimas en los ojos.

Cuando llega al tema de la reconciliación, Martha recupera su porte firme y seguro. Se endereza en la silla de plástico blanca y revela “puedo perdonar, pero nunca olvidar”, como lanzando una anatema. Para ella “es necesario que todos los actores se sienten a negociar. Las Farc no son las únicas victimarias. El Estado también lo es y los paramilitares igual”. Por esas posturas y por su labor como activista de los derechos humanos, ha sido amenazada de muerte varias veces.

Desde la partida de Douglas muchas cosas han cambiado en su hogar y en Martha. Tuvo que dejar su trabajo como vendedora estacionaria de accesorios y collares para perros, en el Paseo Bolívar, en el centro de la ciudad. Ahora unas rejas electrificadas y varios guardaespaldas son los testigos de esa inocencia y tranquilidad que le fueron arrebatadas. “Por buscar verdad y justicia estoy presa en mi propia casa”, protesta Martha, quien pasa sus días esperando que la sinceridad de los victimarios le devuelva la paz.

Por Álvaro Pión Salas

http://www.elheraldo.co/local/por-buscar-verdad-y-justicia-estoy-presa-en-mi-casa-martha-helena-diaz-162540

“La paz no se va a lograr a punta de plomo”: Enrique Pérez

Enrique José Pérez tiene 37 años y ya es un soldado veterano de guerra. Combatió ocho años en el Caquetá y Putumayo. En paisajes manchados de balas, explosiones, sangre, sufrimiento. Hasta que un día en los Montes de María cayó en un campo minado y perdió las piernas. Ahora está en una silla de ruedas, confinado a mirar la vida pasar desde la puerta de su casa verde pistacho, en un sector polvoriento de calles destapadas que parecen trochas en el barrio Villa Viola, Soledad.

Atrás quedó el verde de la selva y del uniforme militar. Su panorama hoy es muy distinto. Y sus luchas diarias, también. Su principal enemigo es el tiempo libre: se levanta en la mañana, ayuda a sus hijas a alistarse para ir al colegio, le colabora a su esposa en los quehaceres del hogar. Si cuenta con suerte, le llevan ventiladores o lavadoras para arreglar. Si no, mira el techo, lee la biblia o asiste al culto religioso. Su campo de acción se reduce a los 72 metros cuadrados de su casa. Puertas afuera de su oasis familiar, el horizonte es inhóspito.

Ni el más mínimo asomo de lo que podría ser un andén; vías formadas por una serie de huecos y piedras. Movilizarse en silla de ruedas en este municipio atlanticense se convierte en un triste deporte extremo.

“Mi día a día es duro, mi situación es bastante caótica. Quiero sentirme productivo en la sociedad, pero me enfrento a una dura realidad para la población con discapacidad”, dice Enrique.

En frente de él, en lo que parece ser un bulevar cubierto por la arena, con árboles raquíticos adornados con banderas de Colombia, un grupo de niños juega, ríe, grita. Su algarabía inunda la atmósfera y parece reconfortar el espíritu de este soldado retirado.

Enrique nació en Los Palmitos, Sucre. Culturalmente se define como sabanero: de ñame, yuca y suero; de sombrero vueltiao y abarcas, que ya no puede usar; de porros y fandangos, que ya no puede bailar. Sus padres son hombres de campo. Su familia padeció desde siempre los traumas del conflicto armado.

La guerrilla los desplazó de la finca que tenían. “Esos son eventos que no se nos pueden olvidar, cuando uno está en su lugar, que con sacrificio nuestros padres han logrado”.

Eran los años noventa y la situación de orden público en Bolívar y Sucre era crítica. “Ver que uno pierde todo es duro: cambia la vida, cambia la familia. Mi padre le tocó irse para Venezuela, duró casi dos años por allá”, recuerda. En la zona dominaban los frentes 35 y 37 de las Farc, también estaba el Eln y Erp.

Las guerrillas habían generalizado el secuestro. Bombas en fincas, quemas de peajes, saboteos, pescas milagrosas. Como documenta el portal Verdadabierta.com, la entrada del paramilitarismo solo recrudeció el conflicto, ya que los ataques insurgentes aumentaban. Era el reino del miedo y el terror.

Para la gente humilde, “de pueblo”, como él, había dos opciones: insurgencia o fuerza pública. “Yo opto por ingresar a la fuerza pública porque estaba vulnerado, no había garantías para mi vida. Era un forma para mí de sobrevivir a este conflicto”, confiesa este hombre recio de mirada que, por momentos, cuando lo ataca algún recuerdo, se torna triste.

Enrique ingresó a la Escuela de Formación de la Infantería de Marina de Coveñas, Sucre, a mediados de los 90. Como militar se convirtió en enemigo directo de la guerrilla.

“Era casi imposible volver a mi casa, porque era una zona difícil dominaba por las Farc”.  Siguió su vida como infante de marina en un periplo de sangre y fuego por el sur de Colombia, en donde conoció otra realidad.

“Se daban bajas porque la guerra se da de esa forma: aniquilar alguno de los dos bandos. Y sí, pérdida de hombres de la fuerza pública. Pérdida de los civiles. Y es lo que ha generado bastante dolor”, dice y baja la mirada, para encontrarse con su propia pérdida. No evita el tema pero le es difícil entrar en detalles.

“Lo que yo pude vivir…”, interrumpe la frase, silencio, respira profundo,“… marca mucho la vida, de todo el pueblo”.

Su función principal era como contraguerrilla, en la primera linea de batalla. “Los enfrentamientos era el pan nuestro de cada día”. Luego de estar en la zona andina y amazónica pidió su traslado al Caribe. “Por ver la situación tan dura por allá, y tan lejos de la familia, decidí pedir traslado a una unidad más cercana a mi tierra”, recuerda. Se lo concedieron. Entonces, al menos, pasó a ponerle el pecho a la guerra en su propia región. Llegó al batallón de Contraguerrilla Número Uno de Corozal.

Tras 10 años de cargar fusiles, hoy Enrique usa sus manos para mover su silla de ruedas.

Campo minado. 

El 14 de enero de 2007 en zona rural de San Jacinto, Bolívar, la unidad de cazacabecillas en la que estaba Enrique fue emboscada por la guerrilla.

Fuego. Gritos. Confusión. Explosión. Un parpadeo y ya estaba sin sus extremidades inferiores.

De repente se convirtió en una de las 10.812 víctimas de minas antipersona que se registran en Colombia entre 1990 y 2014, según cifras del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal.

Los enfrentamientos seguían mientras esperaba que un helicóptero lo sacara de la zona. “Se presentó la oportunidad. Fue algo heroico porque no se contaba con el suficiente pie de fuerza para lograr la evacuación”, rememora.

Comenzó su recuperación en el Hospital Naval de Cartagena. Luego pasó al Hospital Militar de Bogotá, donde permaneció un año.

Vinieron momentos duros, agridulces. Perdió el apoyo de su primera esposa. Pero conoció a su actual compañera en el pabellón de heridos en combate. Nevis Cabarcas, una cartagenera de 34 años, visitaba a su cuñado. Enrique la conquistó con su sombrero vueltiao.

El perdón y la verdad.

¿Qué pasa si tiene al frente a quien sembró la mina?, la pregunta, inevitable en la actual coyuntura, cae de sopetón.

“Hoy con certeza le digo que si tuviera al frente a la persona que me causó mi discapacidad yo lo perdonara. Porque es que yo también, de la otra parte empuñando las armas, puede haber causado daño a mi enemigo”. Adivinando de pronto el curso que tomará la conversación, agrega, “pero para que exista perdón se tienen que empezar aclarar cosas que están ocultas”. Sus palabras encarnan una convicción: hay que exorcizar al demonio de la guerra a punta de verdades.

Y remata, queriendo poner un punto final al tema del conflicto,“la paz en Colombia no se va a lograr a punta de plomo. Ni doblegando a las personas. La paz se logra cuando empiece haber igualdad, cuando se empiecen escuchar a las minorías”. Su hija, la pequeña Ernedis, se le sienta en las piernas. Él la besa; ella le sonríe. La vida sigue.

Por Samuel Losada Iriarte 

http://www.elheraldo.co/local/la-paz-no-se-va-lograr-punta-de-plomo-enrique-perez-163073

“Lo revolucionario hoy es dejar las armas”: Carlos Velandia

Aún puede sentir como si se le fueran a salir los ojos con los golpes de martillo que le daban en la cabeza sus captores. Aún vive con la incertidumbre de no saber si mató a alguien y con el recuerdo de los caídos a su lado. Aún su hermano militar sigue desaparecido y sus otros 12 hermanos, exiliados. Pero ya Carlos Velandia no es ‘Felipe Torres’.

Torres, fusil al hombro, sorteaba hace 30 años los calurosos montes del sur de Bolívar, en una oscuridad que apenas le permitía distinguir el rojo del negro en las banderas del ELN que otros guerrilleros cargaban a su lado. Velandia paga su café y el que le ha brindado a su escolta en una fría terraza del norte de Bogotá y, antes de que anochezca, camina un par de metros hacia el auditorio de la Universidad Pedagógica, donde lo esperan unas 50 personas para escucharlo hablar de paz.

Victimario.

Para no atender la entrevista en su casa –“por motivos de seguridad”, dice–, Velandia inicia su relato en una oficina que le han prestado, una pequeña jungla de plantas ornamentales en la que se gestionan temas medioambientales. “Tenía 18 años, estudiaba medicina en la UIS”.

Habla de su reclutamiento como una “consecuencia lógica” del ambiente que se vivía a finales de los años 60 en Santander, cuando el movimiento estudiantil see mpezaba a vincular a las luchas sociales y revolucionarias. “El ELN era una organización revolucionaria que junto con el pueblo se iban a tomar el poder e iban a transformar las estructuras de la sociedad y la economía”.

Al principio –narra el exguerrillero, con un rostro surcado por los caminos que dejan seis décadas de guerra y paz–, estuvo en las estructuras urbanas de Bucaramanga y luego, en los 80, se fue para el monte, donde empezó como guerrillero raso y terminó en la dirección nacional.

“No puedo decir si las balas que yo disparé produjeron víctimas”, dice, con la mirada dura. Tampoco se doblega cuando recuerda “ver caer a compañeros a los lados”, ni cuando se señala las heridas de balas que le dispararon a él en los brazos y el costado.

Preso.

El 24 de julio de 1994 fue capturado al sur de la capital del país. “Me encapuchan. Creí que me iban a desaparecer. No sé quiénes me capturan pero me llevan a una instalación militar”. 20 años han pasado, pero recuerda con claridad lo que sufrió. “Me interrogan; me hacen permanecer de pie, esposado y sin dormir durante 48 horas; me encierran en un pequeño baño, ponen un equipo de sonido a todo volumen y me dan golpes de martillo en la cabeza. Adentro sientes que se te van a salir los ojos”.

Una jueza sin rostro con el alias de Osiris, que luego fue encarcelada por nexos con paramilitares, condenó a Velandia a 20 años de cárcel por rebelión y terrorismo, que pagó primero en la Modelo y después en la cárcel de Itagüí.

Por buen comportamiento, trabajo y estudio, el exsubversivo salió 10 años antes de lo señalado por su condena, en 2004. “Pudimos hacer de la cárcel un sitio para explorar caminos hacia la paz, y mantuvimos ‘Francisco Galán’ (alias de Gerardo Bermúdez, también exjefe del ELN) y yo una vocería del ELN para diálogos de paz con Samper, Pastrana y Uribe”.

Diálogos que fracasaron, en opinión de Velandia, “porque no se quería hacer la paz. Es decir, se quería la desmovilización de las insurgencias pero no que el país cambiara”.
A pesar de los ojos desconfiados que persisten de Torres, hay paz en los labios de Velandia.

“En la cárcel voy escuchando otras razones, leo, estudio, y aunque en general los principios revolucionarios los conserva uno, creo que son defendibles en democracia. Se da cuenta uno de que la guerra en Colombia ha sido una larga noche de la cual comenzamos a despertar”.

Víctima.

Catorce años se llevaban Carlos y Jorge, el octavo y el menor de 14 hermanos, respectivamente. Y más lejos estaban en las realidades que encarnaban: el primero, insurgente, y el segundo, suboficial del Ejército.

A Jorge, a quien Carlos dice recordar solo como un niño pequeño, el 9 de marzo de 1997 varios desconocidos se lo llevaron de su casa al norte de Barranquilla junto a un vecino. “Se identificaron como de la Fiscalía, pero era un grupo paramilitar comandado por Adán Rojas, alias ‘El Viejo’, del Bloque Norte, y lo hicieron en un carro que pertenecía al Gaula del Ejército de Valledupar”.

En ese momento Jorge estaba retirado de lo castrense. Años atrás había sido procesado durante un año por aparente espionaje. Es decir, por presuntamente intercambiar información con su hermano guerrillero. “Fue un montaje que hicieron cuando se dieron cuenta de que era mi hermano, pero él y yo nunca nos cruzamos, nunca tuvimos una relación”.

De hecho, añade Velandia, se trató de “una retaliación, un contexto de victimización a los familiares de los dirigentes guerrilleros”. Dice esto porque en 1997 “también habían secuestrado a un hermano de ‘Alfonso Cano’ (extinto jefe de las Farc), una hermana de ‘Pablo Catatumbo’ (Farc), unos familiares de ‘Simón Trinidad’ (Farc) y asesinado a una hermana de ‘Gabino’ (jefe del ELN)”.

A raíz de estos hechos, toda la familia Velandia Jagua tuvo que exiliarse del país.

Exiliado.

Al salir de la cárcel, ya convencido de que “la guerra es una vía agotada”, Velandia también se fue al extranjero y pasó un año en Granada, España. Allí trabajó en el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, para luego irse siete años a Barcelona, a la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Con un acento que pendula entre santandereano y español, explica por qué regresó a Colombia. “Regreso porque hay una oportunidad de paz en gestación. No me fui a Europa por siempre. Me levanté en armas buscando un destino mejor para mi país (…) y tras el proceso de paz veo al país, en 10 años, con mejores condiciones de vida”.

Activista.

En la conferencia ‘En qué va el proceso de paz con la insurgencia’, organizada por el Programa de Paz de la Universidad Pedagógica, Velandia compartió panel con otros integrantes del Frente Amplio por la Paz. Al terminar, sale a preparar su próximo artículo –lo publican en varios medios impresos y digitales–, la próxima charla –es invitado en distintos escenarios como activista por la paz–, o el próximo libro –tiene tres publicados desde 2004–.

Vive de nuevo en el país, desde 2011, con su esposa y sus dos hijos. Hoy tiene un solo escolta de la Unidad Nacional de Protección, a pesar de que hace pocos meses volvió a recibir amenazas. Y vive de la paz. “Así como fue revolucionario en alguna época alzarnos en armas, hoy lo revolucionario es dejarlas”.

El dueño de esas ideas participó en un evento del Centro de Memoria Histórica en julio pasado, sobre políticos asesinados en Norte de Santander. Entre las víctimas se contaba Jorge Cristo, padre del actual ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que fue asesinado por el ELN en 1997, cuando Felipe Torres estaba en la cárcel. Velandia pidió perdón.

“Están presentes las víctimas, y ellos muestran el dolor, la desgarradura, y quieren saber por qué. Lo menos que podía hacer era pedir perdón por mi responsabilidad política, y contribuir a abrir un camino. Un camino por el que tendrán que transitar los insurgentes al momento de la reconciliación”.

Por Tomás Betín del Río

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“Entre echarme a morir y alzar la cabeza, elegí lo segundo”: Luis Javier Genes

Desde las 8 de la mañana de cada día, Luis Javier Genes prepara sus artículos para ir a trabajar. Gorras, pulseras, llaveros, pisapapeles, y uno que nunca puede olvidar: la prótesis que reemplaza hoy una de sus piernas. Perdió la extremidad izquierda en la zona rural de Simití, municipio del sur de Bolívar, al pisar una mina antipersona en 2007.

Luis es una de los 10.773 registrados como víctimas de minas por el conflicto armado en Colombia. Un número compuesto por personas que, como él, dieron una pisada equivocada en terrenos de la guerra entre enero de 1990 y junio de 2014. De estas, el 39% (4.152) son civiles y el 61% (6.621) miembros de la Fuerza Pública, de acuerdo con estadísticas del programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal.

Es sábado. El hombre se sienta a un costado de su cama en el apartamento 313 del edificio El Río, en la calle 30 con carrera 45 de Barranquilla. Vive aquí hace dos meses. Este transitado sector del centro histórico de la ciudad, entre un río de buses y taxis frente al fétido caño de la Ahuyama, es por donde Luis tiene que moverse a diario.

Con pasos firmes que hacen difícil identificar su discapacidad física a simple vista, Genes camina por su residencia, mientras hace un balance de su vida, antes de que la realidad le impusiera el rótulo de víctima. Sus primeros tres años de vida los pasó en un municipio cuyo nombre hoy resulta paradójico: Pie de Cuesta, Santander, su tierra natal. “Vivía con mi mamá y mi padrastro, a mi padre nunca lo conocí”.

UN VISTAZO A SU MEMORIA. 

Luis tiene 30 años, y sin seña de afectación cuenta el episodio en el que una mina le mutiló la pierna. Díez centímetros abajo de la rodilla solo le queda un vacío. El hecho le destruyó piel y huesos, pero no las ganas de continuar su vida.

Con una sonrisa apagada, que refleja su resignación por lo que le ocurrió hace siete años, dice que después del suceso solo tenía dos opciones: “Echarme a morir o levantar la cabeza y pensar que nada me pasó y vivir al 100%; entonces, escogí la segunda, y ha sido lo mejor”.

Ahora está terminando de reunir y acomodar los muñecos de porcelanicrón que intentará ofrecer en un centro comercial del norte de Barranquilla. Relata que con apenas cuatro años de edad fue llevado a vivir a Bucaramanga, con una tía, el esposo y tres primos. En esa ciudad comenzó sus estudios básicos y alcanzó hasta séptimo grado. Luego, la vida comenzaría a acercarlo hacia el territorio donde su andar cambiaría para siempre.

“Cuando tenía 11 años, nos mudamos a Montecristo (Bolívar), donde mis tíos comenzaron a trabajar en unas minas artesanales de oro. Por eso no pude seguir estudiando, allá vivíamos en veredas y no habían colegios cerca”, explica, al tiempo que guarda las dos últimas figuras dentro de un recipiente que monta arriba de su silla de ruedas.

Luis Javier narra que a los 17 años decidió que debía independizarse de su familia. Entonces comenzó a ganarse la vida cargando las maletas con mercancía de los trabajadores de la minas de oro, y luego pasó a administrar un lugar donde procesaban la tierra para sacar el metal precioso. “Eso fue cuando tenía 21 años, tuve que dejar de ser maletero porque me dio una hernia”.

Las cargas le resultaban “muy pesadas”. Le tocaba caminar hasta cuatro horas con ellas sobre los hombros, por unas tronchas del sur de Bolívar. “Aunque el pago no era malo, como $30.000 por día”.

Genes hace una pausa en su relato para terminar de guardar las gorras, pulseras, pisapapeles y llaveros. Aunque ahora sus cargas son menos pesadas, en Barranquilla también hay peligro para él cuando sale a la calle, pues tiene que moverse entre vehículos, cuyos conductores no se dan cuenta que quien transita es una víctima de la violencia. Y los andenes son toda una jungla para un hombre con una prótesis.

Toma un taxi y se traslada hasta su sitio de trabajo. Allí, coloca sus artículos sobre una mesa plástica y se sienta en su silla de ruedas para quitarse la prótesis. “Si uno no se la quita, las personas creen que les estamos mintiendo y que no tenemos ninguna discapacidad”, explica.

Ya instalado, espera la llegada de los interesados en hacer sus donaciones a cambio de los muñecos que simbolizan lo que es él, una víctima de un conflicto que se inició en Colombia hace medio siglo.

Los elementos son elaborados por otros que han sufrido la misma tragedia, y que pertenecen hoy a la fundación Vicma, a la que Genes está vinculado desde el año pasado y la cual se dedica a apoyar a víctimas de este flagelo.

DE LO ILEGAL A LO LEGAL.

Antes de atender la primera persona del día, Genes prosigue su narración: “Después de las minas de oro, me devolví a Bucaramanga, a atender una panadería”. En este oficio se desempeñó por unos meses, porque llegaría una “tentadora” propuesta para regresar al sur de Bolívar.

“Unos amigos me llamaron y me dijeron que en la zona rural de Simití estaban pagando a $5.000 la arroba para raspar coca, entonces me fui para allá. Me iba bien, ganaba como $35.000 al día, que para ese año (2006) era plata”, puntualiza.

Luis Javier detalla que eran cuadrillas de 20 personas dedicadas a trabajar en los cultivos ilícitos. Agrega que estuvo realizando esa tarea por más de un año. “Luego, ese trabajo se complicó porque comenzaron las fumigaciones, fue ahí cuando pasé al lado de la legalidad”.

De acuerdo con la versión de Genes, la Policía contrataba a grupos de campesinos para erradicar los campos del alucinógeno, y justo después de una de esas jornadas sucedió lo imborrable para esta víctima.

Por primera vez en su historia, Luis borra su sonrisa y recuerda con gran precisión: “Era un 19 de marzo de 2007, cayó lunes festivo. El día anterior, junto con un equipo de amigos habíamos estado jugando fútbol y bebiendo cervezas”.

Indica que estaban en una vereda llamada el Paraíso, jurisdicción de Simití, y que ese día despertó a las 7 de la mañana para asistir al partido contra otra vereda, llamada Aguas Lindas, que quedaba a unas 4 horas de camino, por trochas. Por eso, acompañado de unas 30 personas, decidieron cortar camino por un “atajo” que reduciría al menos el 50% del tiempo.

“Tenía una necesidad y me aparté del grupo, entré a un campo de tierra quemada. Apenas pisé ese monte sentí el impacto y cuando miré hacia abajo había desapareció mi pie, entonces caí”, rememora.

Luis Javier manifiesta que era de conocimiento de muchos que la zona era territorio recorrido por las Farc, el Eln y el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. «Nunca supe cuál de estos fue el que puso esa mina, pero igual no guardo rencores», afirma.

En las noches, para dormir, se quita la prótesis. Pero las preguntas, las imágenes, el dolor, siempre lo acompañan. Aunque a esos sí quisiera olvidarlos.

 

Por William Cano Moreno

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“Yo no sé de qué grupo son, pero díganme dónde lo dejaron” : Laudina Luna

Laudina Luna Julio es uno de los rostros de las 6.231.617 víctimas que suma el conflicto armado interno en Colombia. Uno duro, árido, que con cada expresión fuerte parece agrietarse, como el barro seco del que está hecho su casa. Ella y su esposo, Régulo Perdomo, forman, con otras 31 familias, la comunidad de Paso el Medio, un pequeño caserío en María la Baja, Bolívar.

La primera vez que Laudina se ganó la condición de víctima de la guerra fue hace 24 años, pero le tocó vivir varias cosas más, como si hiciera falta ratificarla. Su primer esposo desapareció y fue asesinado a manos de guerrilleros, su cuñado fue secuestrado por paramilitares y ella, de tez morena y facciones robustas, ha vivido tres desplazamientos por la acción de ambos grupos insurgentes.

Las arrugas y el pelo cenizo no solo revelan el paso de la edad; también la angustia de vivir con miedo, tristeza. Aquí, donde no se siente la llamada “presencia del Estado”, vive presa de la zozobra de no saber si el amanecer traerá un día pacífico, como en los últimos seis años, o escribirá una nueva página en sus días de horror.

“Eran las 4 de la tarde del 26 de diciembre de 1990 y vivíamos en Santa Fe de Icotea…” inicia Laudina el relato sobre la tragedia de su exesposo Adonicel Ospina. Su voz es fuerte, su mirada se pierde en el horizonte y casi no demuestra gestos. Al fondo está su humilde casa, en la que vive desde 2008. La construyó, junto a su nuevo compañero sentimental, a punta de barro y palos.

“Adonicel tenía más o menos 54 años y yo unos 25. Esa tarde del 26 de diciembre unas personas llegaron a la casa. Lo convencieron para que saliera dizque a hacer un trabajo y entonces más nunca lo volví a ver”. Laudina relata detalles que no saldrán de su memoria, aunque pasen los años.

Tres hombres armados, y a quienes no identifica de qué grupo guerrillero eran, llegaron preguntando por su marido. Él, un campesino dedicado a sus cultivos, se encontraba a 20 metros de la casa donde tenía el sembrado. Ella, ante la desconfianza que despertaban quienes preguntaban, negó más de tres veces que Adonicel estuviera cerca.

Sin embargo algo la hizo sentir segura: “Yo me negaba a decir dónde estaba y entonces llegó un conocido mío y me dice que lo necesitaban para hacer un mandado y que regresaban enseguida. Esa persona era como de mi familia, era el padrino de mi primera hija y por eso confié en él, porque era mi compadre”. Adonicel salió con un machete pero nunca regresó.

Recordar ese momento le cambia la voz a Laudina. Su temperamento ya no es tan fuerte y demuestra cierto sentimiento de culpa por haber llamado a su esposo, y no seguir cobijada en la sospecha segura.

Pasaron dos horas. A las 6 de la tarde de ese día, cuando ya oscurecía, el desespero por la ausencia de Adonicel la invadió, pero no se atrevía a salir y dejar sola a su hija de 9 meses.

Se sentó en la puerta de la casa a esperar. Al poco tiempo vio llegar nuevamente a dos de las personas que se habían llevado a Adonicel. “Mire, señora, de todas maneras usted está joven y se vuelve a enamorar o consigue otro marido por ahí”, dijo uno de los armados.

Laudina cuenta que con esas palabras entendió que no volvería a ver con vida a quien fue por varios años su compañero sentimental. A pesar del dolor, en ese momento se armó de valor y les respondió: “Yo no sé de qué grupo son ustedes, pero si lo mataron díganme dónde lo echaron porque él no es un animal”. Ellos replicaron: “de todas maneras lo hecho, hecho está”.

Los insurgentes se marcharon y ella quedó destrozada, llorando como nunca en su vida y tratando de encontrar una explicación a algo que no la tiene.

Aunque en ese momento no se lo confirmaron, dice que desde entonces supo que lo habían matado. En busca de consuelo, fue hasta la casa de Ovijildo, un hermano de Adonicel, y le contó la situación.

“Cuando le dije lo que había pasado se puso las manos en la cabeza y dijo: ‘Mataron a mi hermano”, recuerda con exactitud.

Laudina cayó en un pozo de desesperación. Adonicel estaba desaparecido y ella no tenía medios para buscarlo esa misma noche, y además debía cuidar de su hija menor.

“Pasé la noche en vela, no pude dormir. Entonces en la mañana muy temprano ensillé una bestia y me fui con mi hija a buscarlo, porque vivo o muerto tenía que aparecer”,. En la búsqueda, trabajó tres días sin obtener resultados ni rastros de Adonicel.

El 30 de diciembre Laudine por fin tiene noticias de su pareja. Va hasta María la Baja a denunciar la desaparición, pero de regreso a Santa Fe de Icotea, se encuentra con unos familiares de él. Entre lágrimas le dicen que no es necesario seguirlo buscando.

Adonicel fue encontrado muerto en la represa El Playón, con una abertura a lo largo del torso, enredado en alambre de púas y con los pies amarrados a una pesa para que se hundiera. Esa imagen no hace parte de los recuerdos de Laudina, porque, debido a que estaba en periodo de lactancia, no le permitieron verlo.

Ella todavía recuerda a su pareja joven y fornida, con la camisa de mangas, el pantalón de vestir azul y el machete en las manos con el que salió de casa antes de desaparecer.

Al compadre que participó en la desaparición de Adonicel, y que tal vez es el único que podía darle respuestas, nunca lo volvió a ver. El miedo que le sembró el hecho tampoco le permitió preguntar qué había pasado o quiénes estaban involucrados. Tampoco sabe bien a quién atribuirle la desaparición, porque en la época “tres grupos tenían presencia en la zona: EPL, ELN y Farc”.

En adelante los días fueron difíciles, y su historia aún más. Después de las honras fúnebres, Laudina se trasladó a Matuya, pero sintió tanto miedo como en Santa Fe de Icotea porque “seguía en la misma zona”. Entonces decidió mudarse a Barranquilla, con su hija menor.

Estando allí trabajó como empleada de servicio doméstico durante dos años. Luego, atendiendo el consejo de una cuñada, viajó a Caracas, Venezuela. En ese país continuó haciendo oficios en hogares de otros, y aunque se sentía “como en casa”, tres años después decidió volver a su tierra natal para estar con su familia.

Al regresar a Colombia, Laudina vivió en la finca de su familia, donde en 2004 sufrió un nuevo desplazamiento. Esta vez fueron las autodefensas las que la hicieron víctima.

“Ellos secuestraron a un cuñado y se lo llevaron para matarlo, pero gracias a Dios no lo hicieron. Toda la familia se alertó y nos pidieron 3 vacas para soltarlo. Y las pagamos, pero nos dijeron que teníamos 24 horas para desaparecer de Bolívar”, recuerda, con la mirada de nuevo perdida en el horizonte. Nuevamente, Laudina y su familia dejaron todo y huyeron. Pero poco tiempo después regresó a Paso el Medio.

“Desde entonces no he tenido nuevos acontecimientos por el conflicto, pero uno siempre sufre como desplazado porque queda con las manos abajo y adonde sea que vaya tiene que empezar de nuevo”, reflexiona Laudina.

Ahora se dedica a hacer los oficios de su propio hogar y vive con Régulo Perdomo, el que dice le roba la mayoría de sus sonrisas. Quizá las únicas. Laudina reconoce que ha sido difícil cerrar las heridas de la guerra y solo le pide al Gobierno que se acuerde de los desplazados.

Al pensar qué haría si tuviera frente a los que mataron a su primer esposo, Laudina se queda en silencio un largo tiempo, y por primera vez sus ojos parecen a punto de llorar.

Respira profundo, guarda las lágrimas y responde con voz entrecortada: “Esa herida nadie la sana sino Dios. Yo antes decía: ‘si llego a saber quién lo mató o a mirarlo muy cerca, no sé que vaya a pasar’, pero ahora no. Si se me presentan aquí lo único que podría decirles es ‘que Dios te perdone’, porque es el único que puede perdonarlos”.

“Soy campesina y desplazada, y es doloroso no poder volver a mi tierra”: Luz Nelly Camacho

En Colombia hay 5.712.506 víctimas de desplazamiento forzado, de las cuales 494.251 son de Bolívar. Una de ellas es Luz Nellys Camacho, una etnoeducadora que en 2007 llegó a trabajar a Paso el Medio.

“Pensé que encontraría una comunidad organizada, pero solo encontré casas aisladas y pocos estudiantes”, relata.
La profesora ha acompañado a la comunidad desde su último desplazamiento y en la reconstrucción de su espacio, y habla con orgullo e ilusión del trabajo que realiza en la Institución Santa Fe de Icotea. Sin embargo, pocas personas saben que ella también es una víctima del conflicto.

Luz Nellys guarda silencio por un par de minutos mientras su ojos se humedecen por lágrimas que terminan corriendo por su rostro, al recordar su historia como víctima.

Nació en San Onofre, Sucre, en una familia campesina. En 2000, cuando llegó el conflicto, tuvo que salir del territorio junto a sus hermanos. Pero su padre se negó a dejar su tierra.

“En 2006 regresé a San Onofre, pero un señor de los armados decía que me iba a llevar y tuve que salir huyendo a María la Baja, y durante 4 años no pude ir a mi casa”, cuenta en medio del llanto que le sigue causando el hecho. Dice que su propia historia ha sido el motor para ayudar a los desplazados de Paso el Medio, porque “yo sé lo que es tener que apartarte de tu territorio”.

Por Paula Sierra Palencia

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